viernes, 25 de noviembre de 2011

Población de Cajamarca exige la presencia del Presidente Ollanta Humala para resolver el caso Conga

El paro en Cajamarca ha logrado una gran convocatoria y, lamentablemente, no han faltado actos violentos como cierre de vías e inclusive el incendio de equipamiento e instalaciones menores, como casetas de vigilancia. Esto último lo realizó un grupo de pobladores que irrumpieron en la concesión minera para protestar en dos de las lagunas que Conga ha planteado trasladar, pues es en sus fondos donde se encuentra una gran veta aurífera. El tema del agua es especialmente delicado en una región como Cajamarca con una larga tradición agrícola y ganadera. Las autoridades del Gobierno, en todos sus niveles, los inversionistas y los dirigentes comunales y regionales deben hacer un diagnóstico realista de la situación para evitar una incontrolable escalada de violencia y llegar a acuerdos que lleven tranquilidad. Ayer gran parte del día la situación se caracterizó por una tensa calma, con clases escolares suspendidas y establecimientos comerciales cerrados. No hubo mayores desmanes ni víctimas humanas que lamentar, pero esos grupúsculos radicales deben ser identificados y llamados al orden. La empresa Yanacocha ha denunciado que fue el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, quien lideró un intento de tomar las instalaciones del proyecto Conga, junto con el alcalde de Huasmín, José Marín Agusti. Estas dos autoridades debieran estar promoviendo un clima de diálogo y no dar el mal ejemplo a una población que, enardecida, puede llegar a hacer inmanejable esta crisis. El ex mandatario Alejandro Toledo Manrique expresó que fue el mismo jefe de Estado, Ollanta Humala, quien ha creado "expectativas justificadas" en las que hoy se ven sustentadas las protestas sociales en rechazo a la minera Conga en Cajamarca, pero además otras manifestaciones en el sur, centro y norte del Perú. "Hay un embalse de expectativas justificadas. La Ley de Consulta Previa ha despertado expectativas donde la gente quiere ser escuchada; pero ésta no es vinculante, si para consultar, pero no para contenido", sostuvo en diálogo con RPP Noticias desde Marruecos. Sobre el particular, Toledo Manrique saludó que el titular del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, se reúna con los líderes de dicha región, pero además insistió en que Humala tiene que cumplir con las expectativas que ha generado para evitar los "baguazos". "Hay un embalse de expectativas sociales. Después de todo el presidente Humala ha levantado esas expectativas, y ahora hay que cumplirlas y hay que enfrentarlas con el diálogo para evitar los baguazos", remarcó. Añadió que además el Gobierno debe establecer mecanismos para que la industria extractiva minera, gasífera y petrolera se desarrolle sin tropiezos, pero cumpliendo con los requerimientos de la ley, a fin de darle un desarrollo sustentable al Perú. Por su parte, el ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Luis Bambarén, pidió hoy a las autoridades y los dirigentes de Cajamarca apertura para un verdadero diálogo, con el objetivo de alcanzar una “solución justa” para la región y el país en el caso del proyecto Conga. Exhortó, en ese sentido, a dejar de exagerar en torno al citado proyecto y de exacerbar los ánimos de la población, pues todo se aclarará de manera técnica, dado que la minería del tercer milenio trabaja con responsabilidad social y ambiental. “El Presidente (Ollanta Humala) ha hecho un llamado al diálogo, el jefe del Gabinete (Salomón Lerner) hizo lo mismo, todos desean el diálogo, depende de los dirigentes de Cajamarca que se sienten a dialogar, ahí podrá llegarse a una solución justa que sea la base de la paz”, dijo a la Agencia Andina. Recordó que hace años se presentó una situación similar en Huarmey (Áncash), donde la población se opuso en un principio a la construcción de un ducto de la minera Antamina, pues se sostenía que se envenenarían las aguas con ácidos y otros desechos. “Pero, cuando nos sentamos a dialogar y se demostró que la tecnología nueva no contaminaba, el impasse se superó y todo el mundo está feliz, porque nuestro pueblo es razonable, pero se le deben explicar las cosas”, manifestó. Para el obispo emérito de Chimbote, el Gobierno Central tiene la obligación de imponer y exigir las últimas normas internacionales para la explotación minera y evitar toda forma de contaminación. “Tanto el agua como el oro tienen que servir al hombre, son un regalo de Dios, y con la tecnología actual no son incompatibles”, recalcó. Señaló que tanto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como las empresas mineras deben difundir entre la población los alcances de la nueva tecnología minera, inclusive con literatura popular que esté a su alcance en quechua o aimara. “Pues si lo que recuerdan todos son tremendas montañas de relaves, aguas contaminadas, animales muertos y chacras perdidas, naturalmente que nos opondríamos, pero eso es del pasado, estamos en el nuevo siglo”, agregó. Un sector en Cajamarca se opone al proyecto minero Conga al considerar que se afectarán los afluentes de agua; sin embargo, la empresa a cargo asegura que construirá reservorios de agua para duplicar la provisión del recurso hídrico en la zona. De otro lado, Raúl Castro Stagnaro, electo nuevo presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), sostuvo que detrás de la protesta en rechazo a la actividad de la minera Conga en Cajamarcahay una evidente una politización, pero que es un tema que el Gobierno puede dar solución en 45 días. Opinó que el presidente de la República, Ollanta Humala, debiera nombrar una comisión de carácter perentorio para que en mes y medio emita una opinión definitiva. Acotó que dicho grupo de trabajo debe estar integrada por gente del Poder Ejecutivo y de los sectores que generan la protesta. "No podemos en el Perú, indefinidamente vivir sin resolver los problemas y sin patearlos para adelante... Tenemos que ser personas que tomen decisiones. Las decisiones se toman y se acaban los problemas, no se maceran indefinidamente", manifestó. El sucesor de Lourdes Flores Nano afirmó que de ser el PPC, quien estuviera en el poder, el conflicto estaría resuelto en 30 días. "De ser el PPC el que tendría que resolver el caso, serían 30 días ni siquiera 45, porque los elementos técnicos, de diagnóstico social, geográficos, ambientales, todos pueden ser manejados con rapidez, porque existen especialistas que pueden ayudarnos a resolver estos problemas", sentenció. Castro Stagnaro añadió que si ante una decisión del Gobierno, persiste la insistencia, por cuanto hay una postura política o un radicalismo intolerante que no acepta la racionalidad, se tendría que actuar a través de los mecanismos que manda la ley. Apuntó que, entre tanto, se tiene que dar lugar al diálogo sin que haya obstrucción el desarrollo de las ciudades, porque de lo contrario se debilita la democracia.

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