Faltan 45 días para que el Presidente Alan García deje el poder a su sucesor Ollanta Humala y aunque la agitada campaña electoral y los ataques de la prensa fueron bastante duros con este último, lo cierto es que desde que se inició el segundo gobierno de García, los medios de comunicación fueron benevolentes con el mandatario, pero los blogs independientes y el poder de las redes sociales nos dieron a conocer la otra cara de este gobierno que termina, que se ha caracterizado por la continuidad del buen manejo económico y la construcción de infraestructura (colegios, hospitales, carreteras, etc.) aunque su pobre desempeño en la solución de conflictos sociales y los casos de corrupción en entidades estatales han hecho eco en la población la cual ha elevado su nivel de desaprobación a su desempeño como Presidente de la República..
Es cierto que hay que estar detrás del gobierno entrante, pero recordemos que el señor Alan García Pérez aún es Presidente de la República y que él y su partido nos pueden traer sorpresas que no precisamente son buenas para el país. Veamos algunas de ellas.
Conflictos Sociales
La Defensoría del Pueblo acaba de señalar que García deja como “legado” a Humala 233 conflictos sociales. En Poder pueden revisar un completo informe sobre el pésimo manejo que este gobierno ha tenido de los mismos. Más allá de los ministros, el manejo sobre conflictos sociales es una pregunta de cajón que se le debe hacer al Presidente electo y una anotación en la lista de horrores de este gobierno.
Farra Fiscal
Un reportaje de Ricardo Uceda para Poder revela como se han manejado las finanzas públicas durante la gestión de Ismael Benavides, ministro bastante cercano al fujimorismo. Allí se da cuenta de cómo la rebaja del IGV respondió más a desinflarle la llanta a la candidatura de Toledo y el aumento a las Fuerzas Armadas se convirtió en un intento de subir los bonos presidenciales. Esto es algo que la Comisión de Transferencia deberá ver con detenimiento.
Bagua
En uno de sus últimos papelones, 44 congresistas aprobaron el informe parlamentario sobre los sucesos de Bagua que le convenía más a los apristas: el de la parlamentaria fujimorista Martha Moyano. El informe es francamente una vergüenza por donde se le mire. El parlamentario Guido Lombardi, quien también sacó un documento sobre Bagua, mil veces más claro en responsabilidades sobre lo ocurrido, indicó lo siguiente a La República:
“El informe lo firmé, razón por la cual parece que algunos no quisieran que exista, no sea mostrado y no se hable de él. Incluso se encuentra publicado en la página web del Congreso, pero tapado por un documento falso, apócrifo”, mencionó.
Asimismo, consideró que en todo momento se buscó realizar un “aporte modesto, puntual, para que el Estado sea mejor y esté al servicio de los ciudadanos”.
“Quizá en mi ánimo, uno de los hechos que más ha influido es la convicción de que los dirigentes nativos habían decidido retirarse el 05 de junio”, agregó.
De igual manera, Lombardi dio su punto de vista de esa fatídica fecha, a la que consideró “la mayor tragedia de la Policía Nacional”.
“Alguien pensó que no era conveniente dejar que ellos se retiraran sin recibir su escarmiento, lo que precipitó un operativo policial que dejó 33 muertos y un desaparecido, y se pretende atribuir solamente al instinto primitivo de quienes llaman despectivamente indígenas”, mencionó.
Indulto a Fujimori
La noche del jueves fue internado en Neoplásicas el ex presidente Alberto Fujimori, quien en teoría debería permanecer solo 3 días en ese hospital. En otras circunstancias, estas idas al INEN solo serían parte de la rutina médica de un paciente con leucoplasia, pero las alarmas se han activado luego que el congresista aprista José Vargas dijera durante la semana que Fujimori debería ser indultado por razones de salud.
Cabe recordar que a Fujimori no le corresponde, en circunstancias normales, el indulto. Ello dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no los permite para condenados por violaciones a los derechos humanos. Y existe legislación interna que tampoco los permite para sentenciados por secuestro, como es el caso de AFF. La única salida que le queda es el indulto humanitario, que el Tribunal Constitucional ha precisado que debe ser controlado por el Poder Judicial, sobre todo en torno al real estado de salud del beneficiado. Y Keiko decía apenas hace unas semanas que su padre estaba bien de salud.
Y si Alan se atreve a ello, hay que tener en cuenta lo que dice Juan Carlos Tafur en su columna en el Diario 16:
Soltar a Fujimori sería la cereza del postre de esta suerte de conspiración para condenar al fracaso a una gestión que ni siquiera se ha iniciado por parte de quienes no toleran simplemente que se les aparte del poder. Saben que dicho indulto generaría zozobra, turbaría la agenda del gobierno y enervaría la polarización política. Y eso iría en directo perjuicio del mandatario elegido por el pueblo.
Caso Business Track
El juicio de BTR viene teniendo varias sorpresas. El miércoles, uno de los acusados, Martín Fernández Virhuez. Indicó que recibió presiones para incriminar a funcionarios de la empresa Petrotech como los financistas del chuponeo que desencadenó el escándalo de los Petroaudios. La misma versión fue sostenida hace un año por Giselle Gianotti para El Comercio.
Pero el tema se complica más con lo que indica Rosa María Palacios, periodista y esposa del ex asesor legal de la referida empresa. Vía Diario 16:
Para Palacios, las publicaciones hechas por la revista Caretas y el diario La Razón en enero del año 2009, son pruebas contundentes de la veracidad del testimonio del integrante de BTR.
“Según Caretas del 9 de enero del 2009, este señor (Fernández Virhuez) había dicho exactamente lo mismo. ¿Cómo sabía Caretas que este señor iba a firmar algo que nunca firmó y, además, entrecomilló la declaración? Meses después, a mi solicitud conseguí la declaración fiscal, publicaron un recuadrito diciendo que el entrecomillado era incorrecto, pero que las fuentes son policiales. ¿Quiénes eran estas fuentes? El señor Hidalgo, que era jefe de la Dinandro, y el señor Morán, que es el jefe actual”, dijo en su programa radial.
“De acuerdo al Código Penal peruano, un delito contra la administración de justicia se llama denuncia calumniosa. No se trata que solo denuncies falsamente a alguien sino que fabriques pruebas contra una persona inocente. Eso tiene tres años de prisión. Además, están las pruebas de la publicación de Caretas de un supuesto testimonio que nunca lo dijo, y las fuentes son policiales. Yo puedo acreditar que las sucesivas publicaciones de Caretas coincidían siempre con la posición de Jorge del Castillo”, afirmó.
Asimismo, Palacios afirmó que esta información también fue “rebotada” por los diarios El Comercio, La República y La Razón, “este periódico, incluso, le dedicó 30 portadas al tema”. Finalmente, la periodista denunció que BTR “tenía, entre sus principales clientes, al Estado peruano”.
Hasta el momento, el ministro Hidalgo y Jorge del Castillo han negado las acusaciones. Pero el caso va tomando interés y puede costarle caro a muchos funcionarios de este gobierno. Mucho ojo con lo que se viene.
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