Faltan exactamente 3 días para que finalice el segundo gobierno aprista, y si bien este fue mucho mejor que el primero en el cual nos sumergió en la peor crisis económica de la historia, los escándalos de corrupción, la malversación de fondos públicos y el chuponeo de la empresa Business Track ensombrecieron la gestión presidencial generando un malestar en la ciudadanía.
Definitivamente, Alan García asumió su mandato con un compromiso doble. Por un lado, debía atender las demandas del sector histórico ligado al Apra y, por otro, satisfacer las inquietudes de un amplio sector mesocrático que exigía un cambio responsable frente a la irrupción de un antisistema (Ollanta Humala).
La opción de García fue correr a la centroderecha y conciliar posiciones. Sin embargo, en la línea de acelerar el crecimiento (incremento de la inversión privada), la nueva dinámica fue mover la política gubernamental hacia la derecha.
Incluso, una lideresa derechista como Lourdes Flores acusó a García de haber asumido posiciones extremas en ese lado. El eje ideológico de su gestión ha sido ya revelado por el propio García en "El Perro del Hortelano", aprovechar el capital en desuso y desperdiciado existente y ponerlo "en valor". De allí la necesidad gubernamental de concesionar los recursos naturales y favorecer las condiciones de la inversión privada, especialmente minera.
Es verdad que esa opción le dio algunos frutos, generando especialmente confianza en los inversionistas, a través de un crecimiento económico acelerado, pero encontró varios límites. Poner el valor de los recursos significaba en algunos casos enfrentarse a poblaciones y grupos organizados e ideologizados, a ONG antimineras o ambientales y gobiernos regionales.
Por eso, el gobierno impulsó en sus inicios políticas y normas destinadas a controlar a las ONG y penalizar las protestas. Sin embargo, como se pudo ver recientemente, las vallas para difuminar los conflictos sociales eran muy altas y, en la mayoría de los casos, los intentos de legislar sobre tierras y recursos fueron frustrados.
En realidad, el gobierno de García no pudo desarrollar la política del llamado "Perro del Hortelano", lo que hubiera podido lograr desarticulando las organizaciones sociales y grupos radicales e imponiendo el orden por la fuerza. No lo hizo y el principio de autoridad, según algunos, quedó en entredicho.
No obstante, hubo espacios en los que el gobierno pudo maniobrar con mayor facilidad; es el caso del sector Educación. En efecto, el Ministerio de Educación logró relativizar el poder del otrora poderoso Sutep y constituyó mecanismos de evaluación de maestros al que ningún dirigente y radical pudo sustraerse y resistir. Quizás, ese sea uno de los más notorios logros de la segunda gestión de García.
Hay quien cree que, a la luz de todo lo hecho, se esperaba más de un presidente que se presentó a sí mismo como el adalid de un cambio responsable. Pero dado el recuerdo de su primer gobierno, fueron más los que aguardaron resultados menores o acaso el desastre.
No fue así, García cumplió con creces, al menos en algunos aspectos medulares, como el sostenimiento y aceleración del crecimiento económico, colocando al Perú entre los puntales del crecimiento latinoamericano. Concluyó, además, un proceso iniciado por el gobierno de Alejandro Toledo, el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Impulsó nuevos tratados y abrió la economía a nuevos mercados. Sin duda, fue bastante más de lo que se esperaba de su segunda gestión.
Es verdad que la popularidad de los presidentes peruanos decrece necesariamente, al margen de la calidad de su gestión. García descuidó algunos flancos que le hubieran servido para afirmarse como un gobernante popular. Uno de esos flancos fue la política social. La actual se sostiene sobre una base endeble. Los programas sociales no cumplen a cabalidad con su cometido porque muchos de los recursos quedan estancados en las frondosas burocracias que los procesan.
Si Fujimori montó un aparato clientelista en las regiones y logró crear obra pública desde el aparato central del Estado lo que lo hizo más popular, García colisionó con un proceso descentralizador que ha significado que el gobierno central restrinja sus márgenes de acción en cuanto a obras de infraestructura.
Peor aún, las consecuencias de su incapacidad de llegada a las provincias (y de su indolencia respecto al sur andino), se potenciaron con la incapacidad de los gobiernos regionales para ejecutar el presupuesto asignado. En suma, las regiones (afectadas por una alta conflictividad social) no recibieron obra. En un régimen político basado en la figura presidencial como el peruano, los ciudadanos no dirigen su descontento a la propia región a la que pertenecen sino al "papá gobierno central".
Muchos son los flancos adicionales que se dejaron al acaso: incapacidad para reformar el Estado, debilitamiento de la política anticorrupción, lentitud de los aparatos administrativos, obstrucciones burocráticas, etc.
Queda poco por andar, y en ese tramo, las opciones no son otras que concertar y preparar el camino para que el gobierno que asuma el 2011 impulse aquellas grandes reformas estatales que ni el toledismo ni el alanismo promovieron. Esa alternativa requiere de consensos nacionales que no existen. Esa la senda a tomar. Que los logros no se pierdan por la soberbia y la escasa voluntad de dialogar.
0 comentarios:
Publicar un comentario