La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió interponer una acción contra el Estado Peruano y colocar el caso "Chavín de Huántar" en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es decir, presentó su informe de fondo indicando que el Estado Peruano no ha cumplido con ejecutar las recomendaciones que dio para llegar a un acuerdo de solución, por lo que sostuvo que este último deberá ser llevado al banquillo de la Corte IDH y también los comandos del caso "Chavín de Huántar".
Se pudo confirmar que en este informe de fondo la CIDH pidió a la Corte IDH "abrir un proceso" en contra del Estado Peruano, pues éste no ha cumplido con responder ni adecuarse a los cuatro puntos de su recomendación.
Y todo ello a pesar del pedido del Ministerio de Justicia de una prórroga del plazo para supuestamente rechazar la demanda.
Finalmente, para la CIDH el Estado Peruano es responsable de la violación de los derechos de tres terroristas (Eduardo Cruz Sánchez, Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza) que tomaron por asalto la residencia del embajador japonés en 1997.
Sin embargo, lo que debería preocupar es que pese a que, en su momento, el hoy ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren manifestó hasta el cansancio que los comandos de la operación "Chavín de Huántar" no estaban siendo incluidos, el informe de fondo refiere que el Estado Peruano habría violado el derecho al debido proceso al dejar que los comandos fueran juzgados por el fuero militar y no por el civil, pues estos últimos no habrían cometido delitos de función, sino más bien de lesa humanidad. Por ello, se aconseja que el caso sea ventilado en el fuero ordinario.
El informe, presentado dentro del plazo establecido ante la citada corte internacional, y que cuenta con los documentos requeridos de procedencia de demanda, viene siendo analizado por la Corte IDH, que notificará en los próximos días a los demandantes, es decir, a la ONG Aprodeh, que es la representante de las "víctimas", para que formalice la denuncia.
Para la ex procuradora Delia Muñoz, esta situación es "preocupante", porque "de no haber ningún impedimento administrativo, y cumplirse con todos los requisitos, la Corte IDH accedería a abrir un caso por ejecuciones extrajudiciales y facultaría a la ONG Aprodeh a interponer la demanda concreta en contra del Estado Peruano y de los comandos de Chavín de Huántar".
Por su parte, el ex ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz aseguró que "el Perú ha perdido una brillante oportunidad de rechazar la demanda, y en lugar de ello ha pedido una prórroga que, según el artículo 47 del nuevo reglamento de la ley de la CIDH, es aceptar un allanamiento".
Con esta aceptación tácita de la responsabilidad, el propio Minjus ha cavado nuestra tumba, pudiendo haber desistido de esa barbaridad, dijo.
"En consecuencia, ha tenido que pasar el tema a la Corte IDH, a pesar de que no ha habido ninguna violación al sistema interamericano en la actuación de los militares de Chavín de Huántar. Y en el supuesto negado de que así fuera, no está probado", agregó.
Flores Aráoz advirtió que si se juzgara nuevamente a los comandos, la Corte IDH estaría actuando en contra de sus propios principios, pues no se puede violar los derechos y procesar a personas por un delito por el que ya han sido juzgadas y absueltas.
"El Pacto Interamericano de DD.HH. señala como un derecho humano el no ser encausado por lo mismo dos veces, y los miembros del comando, que recapturaron la Embajada de Japón, ya fueron juzgados en el fuero militar-policial, porque la Corte Suprema de Justicia dirimió la competencia a favor de la justicia militar y ya fueron absueltos y el caso sobreseído; entonces, ya no se puede reabrir las cosas juzgadas", indicó.
"La Comisión y la Corte Interamericana -añadió- estarían violando los derechos que le competen defender", precisó.
De otro lado, el ex ministro de Defensa dijo que es injusto que se persiga por 15 años a los militares con procesos y citaciones, haciendo que tengan la vida pendiendo de un hilo.
Por ello, refirió que el Estado debe defenderse, y si no tiene buenos defensores en el Ministerio de Justicia, pues debe contratarlos de inmediato.
"Pero el Estado no puede ser un Estado timorato, un Estado llorón; el Estado Peruano tiene todo el derecho de defender a sus comandos, que le han salvado la vida a casi todos los rehenes", añadió.
Se hizo Defensa
La ex ministra de Justicia, Rosario Fernández comentó que durante su gestión "siempre se hizo la defensa del caso de manera eficiente".
Recordó que se realizaron las coordinaciones con las instituciones involucradas en el caso y se expuso por escrito su posición de rechazo a la demanda de manera clara, precisa y contundente.
"Le toca pronunciarse al actual ministro de Justicia, Juan Jiménez, sobre los aspectos de la defensa, y seguro lo hará con toda puntualidad", manifestó.
Movilización
Por su parte, el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor consideró que un caso de esta naturaleza no sólo debe ser visto y defendido por el procurador supranacional, sino por todos los estamentos del Estado, incluido el Congreso.
"Esto debería movilizar a gran parte de los peruanos hacia la Corte Interamericana para que sienta cuál es el sentir de los peruanos. Debería haber una delegación de parlamentarios que respalde la acción de los comandos Chavín de Huántar y pedir una audiencia con los miembros de la Corte IDH para sentar la posición del Parlamento", afirmó.
A su juicio, será importante conocer cuál es la opinión del Canciller y sobre todo del primer ministro Óscar Valdés, que es militar en retiro.
Consideró que los peruanos deben mostrar hoy más que nunca unidad en sus acciones, y defenderse de quienes avalan las acciones de los terroristas.
"Hay que tener en cuenta que la ONG Aprodeh y los caviares se van a movilizar y se van a preparar para poder abordar a los miembros de la Corte IDH; entonces, así como los enemigos de la patria se preparan para atacar a los militares, el Estado debe defender a nuestros héroes con sólidos argumentos", anotó.
Parlamentarios respaldan al Estado frente a la CIDH
La Comisión de Justicia del Congreso expresó su respaldo a la decisión del Estado de rechazar la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Chavín de Huántar y de plantear una reorganización de esta instancia supranacional.
El presidente de ese grupo de trabajo, Alberto Beingolea, dijo que el Poder Ejecutivo "ha tomado el camino correcto" al plantear una estrategia jurídica y política, en la cual participarán la Cancillería y el Ministerio de Justicia.
Estrategia
"Es el camino correcto establecer una marcada estrategia jurídica-política; además, es importante tener una posición crítica frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otros países democráticos
de la región, como Brasil, y plantear en conjunto una pronta reorganización de funciones de esta instancia", declaró.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, rechazó el viernes la demanda interpuesta por la CIDH contra el Estado peruano, ante la Corte de San José, por el caso Chavín de Huántar. Informó que el Perú planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la reestructuración de la competencia de esta comisión.
La demanda de la CIDH solicita a la Corte de San José abrir un proceso contra el Estado peruano por no procesar en el fuero civil a un grupo de los comandos que participaron en la operación militar Chavín de Huántar, en la que se rescató con vida a 71 de los 72 rehenes secuestrados por el MRTA.
Al respecto, Beingolea afirmó que el Perú es respetuoso del Sistema Interamericano, pero consideró que la CIDH ha tenido desaciertos que deben ser corregidos. Para ello, se requiere una posición conjunta de otros países de la región.
"Es un objetivo legítimo"
El presidente de la Comisión de Justicia manifestó también que todos los países integrantes del Sistema Interamericano pueden plantear la reestructuración de la CIDH, lo cual –dijo– es legítimo y perfectamente posible de realizar.
Consideró, en ese sentido, que es momento de presentar una posición crítica frente a ese sistema y señalar que en muchos casos "se les está pasando la mano", pues algunas de sus decisiones ya comienzan a afectar la gobernabilidad en la región.
"Tenemos que presentarnos y defendernos porque la razón está de nuestro lado", subrayó el legislador.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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