Presidente Ollanta Humala envía particular saludo de año nuevo a los peruanos

El jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, pasado el mediodía, inauguró 96,5 km de la carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay. En su discurso, Humala dijo que buscará que en el Perú no haya ciudadanos de segunda categoría “Todos merecen el mismo respeto y la misma oportunidad”, dijo y sobre la obra, señaló que las carreteras permiten dinamizar el tránsito de capitales y bienes, para sumar al progreso. Mencionó que en el tema educativo, tras la instalación de Beca 18, el próximo año habrá 5 mil becas, más de 300 para Apurímac. Para estas “necesitamos a los mejores estudiantes” y que sus familias vean un alivio en este beneficio. También, ofreció mejorar la calidad de la educación y el programa de nutrición escolar. Asimismo, en el tema agrícola, Humala resaltó que en los últimos 15 años el Perú se ha vuelto dependiente a nivel alimentario de las importaciones por lo que se buscará transformar a la agricultura con las juntas de regantes y asociaciones de pamperos con fertilizantes baratos, Agrobanco, un seguro agrario y con mercados propicios. Además de 5.000 vacantes para Pensión 65 en Apurímac y medidas efectivas de desarrollo económico para las poblaciones en la región, el presidente habló también sobre los avances en el crecimiento de la industria petroquímica.
Despide 2011
“Yo les ofrecí también abaratar el gas, eso me falta cumplir todavía. Es la verdad, no puedo decir que ya lo cumplí, pero lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. Pero ahorita no puedo hacerlo, y es la verdad, no tengo por qué mentir, no les voy a mentir. Así que van a tener un poco de paciencia para que yo pueda resolver ese problema y venga acá y les diga ‘acá está, tarea cumplida’. Así les voy a dar a ustedes”, indicó. El gaseoducto del sur con gas barato para Apurímac, dijo, aportará al desarrollo de todo el sur del país. Con un “qué viva el Perú, carajo!” se despidió Humala Tasso, no sin antes volver para hablar sobre las partidas del gobierno regional aumentadas a 120 millones para Apurímac. “Pucha, que me estoy olvidando de un montón de cosas” soltó antes de recordar un consejo final: “Un feliz año para todos ustedes, no chupen mucho, el trago es malo. Nada de mucho trago, poco nomás”.

Oscuros intereses estarían tras la revocatoria de Susana Villarán

El teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, criticó que se utilice el tema de la playa La Herradura, como parte de una campaña de “desprestigio” y de “revocatoria” contra la alcaldesa capitalina, Susana Villarán. “Estoy absolutamente seguro que aquí hay intereses detrás de la revocatoria”, dijo y agregó que un proceso de esta naturaleza sería lo peor que le pudiera pasar a la ciudad capital. “La revocatoria significaría sumir a Lima en el caos y el desorden, cuando lo que necesita urgentemente es orden y autoridad, como lo está haciendo Susana Villarán”, remarcó tras la sesión de concejo realizada. Aseguró que en el tema de La Herradura no hay nada que esconder y que la gente debe saber que se trata solo de una parte de un proyecto mucho más grande que es la recuperación de toda la Costa Verde, con una inversión de 300 millones de dólares. “La inversión que se ha hecho en La Herradura no era en el arenamiento sino en el malecón, las pistas, el equipamiento y el embellecimiento de la zona”, subrayó.
Denuncia insultos racistas contra Regidores
Denunció también la circulación de un panfleto en el que 13 regidores de Fuerza Social, agrupación de Villarán, son agraviados con calificativos e insultos racistas por su origen provinciano. “La pregunta central es quién financia y quién está detrás de todo esto; quién está pagando por recoger firmas para plantear la revocatoria. Les pedimos que den la cara y si tienen cuestionamientos a la gestión que los hagan pues estamos dispuestos a debatir pero no vamos a permitir insultos y calificativos contra nuestros regidores por ser de izquierda”, subrayó. Por su parte La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se mostró enérgica ante la posibilidad de que se presente una revocatoria a su cargo en enero del próximo año, es decir, en solo días. “Sería un tema muy grave para Lima (…) No me van a distraer con la revocatoria, a nadie de nuestro equipo lo van a distraer. ¿Por qué? Porque hay personas interesadas en que no se hagan las reformas de fondo. Hay personas interesadas en que no se hagan las reformas de fondo”, afirmó la burgomaestre. ¿Por qué su popularidad está tan baja? (Según Ipsos Apoyo, alcanza el 19%). Aunque Villarán ensayó una respuesta indirecta tras ser consultada por la ausencia de su nombre en las obras realizadas por la municipalidad. “He prohibido que pongan mi nombre. Pero ‘Alcaldía de Lima” sí. ‘Lima lo hizo’ sí (…) Poco a poco se van a dar cuenta de que esa señora que pone ‘Lima lo hizo’ es Susana”, afirmó. Sin embargo, en otro momento de la entrevista con el diario La República, reconoció que podría cambiar de idea e incluir su nombre en los trabajos que ha realizado la comuna capitalina. “Veremos si es necesario poner la foto, porque tampoco hay que ser tercos, ¿no? Pero el asunto de fondo es que la población ya identifica cuáles son las principales tareas en la transformación de la ciudad”, agregó. Finalmente, y luego de asegurar que no volvería a candidatear a la presidencia de la República y que se invertirá US$500 millones en obras públicas en Lima, la alcaldesa hizo un recuento de las* obras de la municipalidad en un año de gestión*: - La Herradura (S/. 10 millones). – La avenida Canadá (S/. 15 millones). – Tres Hospitales de la Solidaridad (S/. 8 millones). – 120 escaleras (S/. 10 millones). – Mejoras en el Metropolitano, (S/. 30 millones). – El Museo Metropolitano, (S/. 30 millones). – El Museo Cuadra, (S/. 8 millones). – La avenida Santa Rosa, San Juan de Lurigancho, el inicio, (S/. 5 millones). – La red semafórica, (S/. 20 millones). – Remodelaciones de cinco plazas del centro histórico de Barrios Altos. Buenos Aires, la Buena Muerte, Plaza Italia, el Cercado, Plaza Espinoza. – 44 plazas del Cercado de Lima han sido completamente recuperadas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia al Estado Peruano por caso Chavín de Huantar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió interponer una acción contra el Estado Peruano y colocar el caso "Chavín de Huántar" en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es decir, presentó su informe de fondo indicando que el Estado Peruano no ha cumplido con ejecutar las recomendaciones que dio para llegar a un acuerdo de solución, por lo que sostuvo que este último deberá ser llevado al banquillo de la Corte IDH y también los comandos del caso "Chavín de Huántar". Se pudo confirmar que en este informe de fondo la CIDH pidió a la Corte IDH "abrir un proceso" en contra del Estado Peruano, pues éste no ha cumplido con responder ni adecuarse a los cuatro puntos de su recomendación. Y todo ello a pesar del pedido del Ministerio de Justicia de una prórroga del plazo para supuestamente rechazar la demanda. Finalmente, para la CIDH el Estado Peruano es responsable de la violación de los derechos de tres terroristas (Eduardo Cruz Sánchez, Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza) que tomaron por asalto la residencia del embajador japonés en 1997. Sin embargo, lo que debería preocupar es que pese a que, en su momento, el hoy ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren manifestó hasta el cansancio que los comandos de la operación "Chavín de Huántar" no estaban siendo incluidos, el informe de fondo refiere que el Estado Peruano habría violado el derecho al debido proceso al dejar que los comandos fueran juzgados por el fuero militar y no por el civil, pues estos últimos no habrían cometido delitos de función, sino más bien de lesa humanidad. Por ello, se aconseja que el caso sea ventilado en el fuero ordinario. El informe, presentado dentro del plazo establecido ante la citada corte internacional, y que cuenta con los documentos requeridos de procedencia de demanda, viene siendo analizado por la Corte IDH, que notificará en los próximos días a los demandantes, es decir, a la ONG Aprodeh, que es la representante de las "víctimas", para que formalice la denuncia. Para la ex procuradora Delia Muñoz, esta situación es "preocupante", porque "de no haber ningún impedimento administrativo, y cumplirse con todos los requisitos, la Corte IDH accedería a abrir un caso por ejecuciones extrajudiciales y facultaría a la ONG Aprodeh a interponer la demanda concreta en contra del Estado Peruano y de los comandos de Chavín de Huántar". Por su parte, el ex ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz aseguró que "el Perú ha perdido una brillante oportunidad de rechazar la demanda, y en lugar de ello ha pedido una prórroga que, según el artículo 47 del nuevo reglamento de la ley de la CIDH, es aceptar un allanamiento". Con esta aceptación tácita de la responsabilidad, el propio Minjus ha cavado nuestra tumba, pudiendo haber desistido de esa barbaridad, dijo. "En consecuencia, ha tenido que pasar el tema a la Corte IDH, a pesar de que no ha habido ninguna violación al sistema interamericano en la actuación de los militares de Chavín de Huántar. Y en el supuesto negado de que así fuera, no está probado", agregó. Flores Aráoz advirtió que si se juzgara nuevamente a los comandos, la Corte IDH estaría actuando en contra de sus propios principios, pues no se puede violar los derechos y procesar a personas por un delito por el que ya han sido juzgadas y absueltas. "El Pacto Interamericano de DD.HH. señala como un derecho humano el no ser encausado por lo mismo dos veces, y los miembros del comando, que recapturaron la Embajada de Japón, ya fueron juzgados en el fuero militar-policial, porque la Corte Suprema de Justicia dirimió la competencia a favor de la justicia militar y ya fueron absueltos y el caso sobreseído; entonces, ya no se puede reabrir las cosas juzgadas", indicó. "La Comisión y la Corte Interamericana -añadió- estarían violando los derechos que le competen defender", precisó. De otro lado, el ex ministro de Defensa dijo que es injusto que se persiga por 15 años a los militares con procesos y citaciones, haciendo que tengan la vida pendiendo de un hilo. Por ello, refirió que el Estado debe defenderse, y si no tiene buenos defensores en el Ministerio de Justicia, pues debe contratarlos de inmediato. "Pero el Estado no puede ser un Estado timorato, un Estado llorón; el Estado Peruano tiene todo el derecho de defender a sus comandos, que le han salvado la vida a casi todos los rehenes", añadió.
Se hizo Defensa
La ex ministra de Justicia, Rosario Fernández comentó que durante su gestión "siempre se hizo la defensa del caso de manera eficiente". Recordó que se realizaron las coordinaciones con las instituciones involucradas en el caso y se expuso por escrito su posición de rechazo a la demanda de manera clara, precisa y contundente. "Le toca pronunciarse al actual ministro de Justicia, Juan Jiménez, sobre los aspectos de la defensa, y seguro lo hará con toda puntualidad", manifestó.
Movilización
Por su parte, el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor consideró que un caso de esta naturaleza no sólo debe ser visto y defendido por el procurador supranacional, sino por todos los estamentos del Estado, incluido el Congreso. "Esto debería movilizar a gran parte de los peruanos hacia la Corte Interamericana para que sienta cuál es el sentir de los peruanos. Debería haber una delegación de parlamentarios que respalde la acción de los comandos Chavín de Huántar y pedir una audiencia con los miembros de la Corte IDH para sentar la posición del Parlamento", afirmó. A su juicio, será importante conocer cuál es la opinión del Canciller y sobre todo del primer ministro Óscar Valdés, que es militar en retiro. Consideró que los peruanos deben mostrar hoy más que nunca unidad en sus acciones, y defenderse de quienes avalan las acciones de los terroristas. "Hay que tener en cuenta que la ONG Aprodeh y los caviares se van a movilizar y se van a preparar para poder abordar a los miembros de la Corte IDH; entonces, así como los enemigos de la patria se preparan para atacar a los militares, el Estado debe defender a nuestros héroes con sólidos argumentos", anotó.
Parlamentarios respaldan al Estado frente a la CIDH
La Comisión de Justicia del Congreso expresó su respaldo a la decisión del Estado de rechazar la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Chavín de Huántar y de plantear una reorganización de esta instancia supranacional. El presidente de ese grupo de trabajo, Alberto Beingolea, dijo que el Poder Ejecutivo "ha tomado el camino correcto" al plantear una estrategia jurídica y política, en la cual participarán la Cancillería y el Ministerio de Justicia.
Estrategia
"Es el camino correcto establecer una marcada estrategia jurídica-política; además, es importante tener una posición crítica frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otros países democráticos de la región, como Brasil, y plantear en conjunto una pronta reorganización de funciones de esta instancia", declaró. El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, rechazó el viernes la demanda interpuesta por la CIDH contra el Estado peruano, ante la Corte de San José, por el caso Chavín de Huántar. Informó que el Perú planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la reestructuración de la competencia de esta comisión. La demanda de la CIDH solicita a la Corte de San José abrir un proceso contra el Estado peruano por no procesar en el fuero civil a un grupo de los comandos que participaron en la operación militar Chavín de Huántar, en la que se rescató con vida a 71 de los 72 rehenes secuestrados por el MRTA. Al respecto, Beingolea afirmó que el Perú es respetuoso del Sistema Interamericano, pero consideró que la CIDH ha tenido desaciertos que deben ser corregidos. Para ello, se requiere una posición conjunta de otros países de la región.
"Es un objetivo legítimo"
El presidente de la Comisión de Justicia manifestó también que todos los países integrantes del Sistema Interamericano pueden plantear la reestructuración de la CIDH, lo cual –dijo– es legítimo y perfectamente posible de realizar. Consideró, en ese sentido, que es momento de presentar una posición crítica frente a ese sistema y señalar que en muchos casos "se les está pasando la mano", pues algunas de sus decisiones ya comienzan a afectar la gobernabilidad en la región. "Tenemos que presentarnos y defendernos porque la razón está de nuestro lado", subrayó el legislador. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Gobierno afirma que indulto a Fujimori no es tema de agenda

Representantes del Poder Ejecutivo evitaron manifestarse acerca de los recientes informes médicos sobre el real estado de salud del reo Alberto Fujimori, que dan cuenta que no padece cáncer terminal ni sufre de una severa depresión, como han afirmado sus seguidores en los últimos días para reclamar el indulto presidencial. “Hoy es un día de paz, yo no quisiera hablar de nada que contradiga (…) Queremos la paz para todos los peruanos”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, tras ser consultado sobre el estado de salud de Fujimori, a su salida de la misa de Navidad celebrada en la Catedral de Lima por el cardenal Juan Luis Cipriani. A su turno, la vicepresidente de la República, Marisol Espinoza, reiteró: “Nosotros siempre señalamos que el tema no estaba en la agenda, no había sido presentado y, por lo tanto, no había ningún punto en discusión en este caso”. Consultada si el Fujimorismo había tratado de sorprender a la opinión pública al manifestar constantemente que su líder político estaba grave de salud y que por ello debía ser indultado, la parlamentaria de Gana Perú reconoció que “ha habido una campaña bastante fuerte” de parte de los congresistas de Fuerza 2011. Al mismo tiempo, sostuvo que “todo el mundo tiene derecho en este país democrático a hablar y opinar”, en alusión a los seguidores de Fujimori; pero advirtió que “para tomar decisiones, hay que tomarlas sobre documentación y bases precisas”. Por su parte el sociólogo Julio Cotler consideró que la decisión de indultar al ex presidente Alberto Fujimori sería un nuevo motivo de división política para el país. “Es un motivo de división, un nuevo motivo de división política y de rechazo al Estado (…) yo no sé hasta qué punto él (Ollanta Humala) ha jurado ser democrático”, indicó el analista en entrevista con el programa “ADN político”. Además, comentó que una posible alianza del Gobierno con el fujimorismo sería un “signo de la más abyecta corrupción, y no tener límite en el tratamiento de los derechos humanos”. El ex vocero fujimorista Jorge Trelles se mostró en contra de un indulto a Alberto Fujimori en este momento porque podría afectar el gobierno de Ollanta Humala, y estimó que podría concederse la próxima Navidad. “Espero que pueda haber un indulto en la próxima Navidad. No creo que el presidente pueda arriesgar la estabilidad que está logrando, este es un país que tiene otros problemas muy serios”, declaró Trelles en el noticiero de TV “Abre los ojos”. El ex ministro fujimorista señaló que el primer deber del presidente Humala es el desarrollo del país y mantener la gobernabilidad que está “por encima de cualquier peruano”. “La política se hace de realidades y yo entendería que el régimen mida bien su accionar político ahora, que hay tantos temas difíciles”. “No creo que el indulto esté listo para Fujimori porque todavía al frente hay mucho encono”, agregó, aunque señaló que a su parecer, “en un referéndum creo que el peruano votaría por el indulto a Fujimori”. “Creo también que los antifujimoristas son fuertes y siempre el primer deber de Humala debe ser su presidencia”.
Opinan los abogados
Cuando una ola mediática parecía estar allanando el camino para el otorgamiento de un indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, un dato primordial que ha sido pasado por desapercibido, podría poner en una encrucijada al presidente Ollanta Humala quien dijo que "nadie debe morir en la cárcel". El dato que ha pasado desapercibido sería la Ley N° 28760 promulgada en sesión número 11 del período legislativo del año 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Dicha norma estipula que no procede el indulto, ni la conmutación de pena a los condenados por delitos de secuestro y extorsión. Tampoco avala el derecho de gracia a los procesados por tales delitos. Varios fujimoristas como Martha Chávez, Martha Hildebrandt y Martha Moyano votaron a favor de la ley que ahora pone en el cubículo perfecto de la prohibición a su líder hoy preso en la DIROES. Esta norma reemplaza a Ley N° 26478 promulgada en junio de 1995 por el entonces presidente Fujimori. Dicha norma también excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado. "En el caso de Fujimori no solo existe un reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales que sostiene en qué circunstancias se otorga el indulto humanitario, sino que además hay una norma vigente que lo prohíbe. He allí el principal obstáculo que encontrará Humala si es que decide otorgar el indulto", señala el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera. Y si bien esta norma podría ser derogada para derivar el obstáculo, Rivera advierte que ello significaría que se estaría legislando con nombre propio. "El indulto a Fujimori es una decisión estrictamente política que va más allá de los requisitos técnicos que pueda lograr la familia", asevera.
Más leyes en contra
El ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, asegura que existe otra norma que impide un posible indulto al líder fujimorista. Se trata de la Ley N° 29423 promulgada en octubre del 2009 con votos de legisladores fujimoristas, donde se endureció la concesión de beneficios penitenciarios a condenadas por secuestro. "Las leyes dicen que el Presidente está prohibido a conceder el indulto por secuestro. Hay fujimoristas que responden a eso diciendo que las leyes se refieren al indulto ordinario y no al humanitario, pero la norma es clara y no hace distinciones en ninguno de los casos", sostiene el ex procurador anticorrupción. Gamarra advierte que si el presidente Ollanta Humala decide dar el indulto humanitario pese a estos impedimentos podría ser demandado por el Congreso y cuestionado por el Poder Judicial aduciendo que la aplicación carece de efectos por ser contraria a una norma. "En el Perú están acostumbrados a decir que la política están por encima de todos, pero ni el indulto ni el Presidente están por encima de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos", aseveró. Explicó que podría respetarse la frase "nadie debe morir en la cárcel" con formas jurídicas fuera del indulto. "En Argentina existe la prisión domicialiaria para los condenados por delitos de lesa humanidad donde se les permite pasar sus últimos días con sus familiares", agregó el abogado. Humala indicó que su decisión será “lo constitucional". Algo que los abogados Rivera y Gamarra esperan se cumpla. ¿Qué dice la ley? Reglamento interno de la comisión de gracias presidenciales.
Artículo 3°.- Indulto: Es la potestad del Presidente de la República adoptar la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados.
Artículo 12°.- Funciones del Presidente. k) Rechazar de plano las solicitudes de gracias presidenciales que tengan impedimento legal o constitucional expreso.
Artículo 31°.- Se recomendará el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias solo en los siguientes casos: a) Los que padecen enfermedades terminales. b) Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.
Ley N° 28760 del Congreso de la República.
Artículo 2°.- No procede el indulto, ni la conmutación de pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos. La Constitución Política del Perú. El Presidente de la República tiene como función: - Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas.

Gobierno de Ollanta Humala se estaría inclinando a la centro derecha

Los recientes cambios ministeriales producidos luego de la sorpresiva renuncia del entonces Primer Ministro, Salomón Lerner, a poco mas de 4 meses de haber asumido el cargo, dejan, según sectores de la oposición, una desazón en el gobierno del Presidente Ollanta Humala el cual estaría tomando un giro a la tendencia de la centro derecha. Por otro lado el nombrar como nuevo Primer Ministro a Oscar Valdés, un ex militar y empresario que fue instructor de Humala en la escuela del ejército en la década del 80, ha expresado una posición de mano férrea contra los manifestantes que se oponen a un importante proyecto minero en el norte del país. Valdés comentó a una televisora local que no era "autoritario", en referencia a su pasado militar. "Lo que sí me gusta es la disciplina, que las personas tengan palabra, que los ciudadanos nos comportemos", dijo. Analistas y políticos coincidieron en que el nombramiento como primer ministro de Valdés, simbolizaba el endurecimiento del gabinete ante la reaparición de protestas de la población en varias zonas del país. "Creo que la disposición del presidente y del gabinete es atender todos los conflictos sociales. Lo que sucede es que hemos recibido un país que ha embalsado muchos conflictos, pueblos que no han sido atendidos y hoy quieren hablar al mismo tiempo", dijo. Valdés reemplazó a Salomón Lerner, quien renunció sorpresivamente en medio de un conflicto social en la región Cajamarca cuyos pobladores rechazan el proyecto minero Conga, de 4.800 millones de dólares, que temen provocará la destrucción de sus fuentes de agua. Las violentas protestas surgidas impulsaron al gobierno a decretar el estado de emergencia por 60 días en cuatro provincias de esa región, algo que se conjetura fue promovido por Valdés, entonces ministro del Interior, mientras que Lerner buscaba dialogar con los dirigentes de la protesta. El congresista opositor Yehude Simon, de tendencia izquierdista, consideró que con la designación de Valdés y la conformación del nuevo gabinete "es evidente que hay un giro aparente del gobierno más hacia la derecha". De la misma opinión fue el congresista opositor Yohnny Lescano, quien sostuvo que "se está yendo más al apoyo de los grupos de poder económico, a la derecha, lo cual dejaría sin piso y con una desilusión abierta y notoria de parte de aquellos sectores pobres que apoyaron al presidente Ollanta Humala". Para Humberto Speziani, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), sin embargo, no existe un giro a la derecha en el gabinete sino más bien pragmatismo por parte del mandatario. "Ollanta Humala es una persona de izquierda, yo creo que está haciendo un gobierno de centroizquierda porque necesita la inversión. Con inversión hay empleo, con inversión puede haber inclusión social, sin inversión no avanzamos, eso es lo que está cuidando", afirmó Speziani. El ex presidente Alejandro Toledo, por su parte, expresó tras el nombramiento de Valdés que no está de acuerdo con la "militarización" del gobierno de Humala y anunció que su partido Perú Posible no apoyará más al oficialismo. "Vemos figuras mucho más militares en el gobierno... Los conflictos sociales no se resuelven con la mano dura de poner fuerza o una pistola", dijo. Valdés respondió que los únicos ex militares en el Ejecutivo son Humala y él, ya que las carteras del Interior y de Defensa, cuyos titulares eran ex militares, ahora están dirigidas por civiles. El principal ratificado en el gabinete fue el ministro de Economía Luis Castilla, quien logró la confianza de los inversionistas en el gobierno y tiene experiencia en el manejo de las finanzas públicas desde la gestión del anterior presidente Alan García. El principal cambio se produjo en el clave ministerio de Energía y Minas, donde Humala nombró al ingeniero electricista Jorge Merino, en reemplazo de Carlos Herrera, cuestionado por su defensa del proyecto minero Conga. Valdés anunció que el proyecto Conga, impulsado por la compañía estadounidense Newmont, "pasará por un peritaje internacional que el gobierno propiciará... creemos que Cajamarca merece salir de dudas que pueden ser despejadas". La minería es el motor económico del país y el 61% de las exportaciones corresponden al rubro minero.

Presidente Ollanta Humala declara estado de emergencia en Cajamarca

El Gobierno decidió declarar el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca por 60 días como medida transitoria hasta restablecer la paz y el orden interno en esta región del país, informó anoche el Presidente de la República, Ollanta Humala. En un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno, Humala Tasso informó que el estado de emergencia regirá en las provincias de Cajamarca Celendín, Hualgayoc y Contumazá a partir de las 00.00 horas del 5 de diciembre. La decisión se tomó luego de que dirigentes de Cajamarca se negaran a levantar la protesta que iniciaron hace once días contra el proyecto Minas Conga y que impide el libre tránsito, así como los servicios básicos a la población. “La intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente de manifiesto. No se ha logrado alcanzar acuerdo mínimos que permitan que retorne la paz social, que se restablezcan los servicios públicos a los que tiene derecho el pueblo de Cajamarca y que se discutan aspectos centrales para impulsar el desarrollo de la región”, dijo el mandatario. “Invocamos al pueblo cajamarquino a mantener la calma y les aseguramos que esta medida transitoria servirá para permitir que la tranquilidad retorne nuevamente a Cajamarca”, agregó. El titular del Congreso de la República, Daniel Abugattás se mostró completamente de acuerdo con la decisión del mandatario Ollanta Humala de declarar estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, que protestan en contra del proyecto minero Conga. "El Estado se ha visto obligado a tomar esta decisión que yo saludo y felicito", declaró Abugattás Majluf ante la prensa. Según dijo, "todos los peruanos respaldan dicha posición", pues el principio de autoridad debe ser respetado: "El Estado de derecho de debe preservar antes que todo, se debe garantizar la paz ante todos los ciudadanos. Creo que ante una situación como la que se vive en estas provincias, la decisión era necesaria", justificó. El primer ministro, Salomón Lerner Ghitis, afirmó que la decisión del gobierno de declarar en estado de emergencia Cajamarca fue para tomar precauciones antes de que se cumplan las 72 horas de ultimátum que dieron los dirigentes sociales y autoridades regionales para que se declare el proyecto Conga inviable. Este plazo, según explicó el jefe del Gabinete Ministerial, concluía a las cero horas del lunes, por lo que al Ejecutivo no le quedó otra opción ante el fracaso del diálogo. Así, se declaró en estado emergencia las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, a fin de garantizar el bienestar de la población. “Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en el diálogo, hemos venido a buscar todos los caminos necesarios para que nos podamos entender entre los peruanos, pero lamentablemente, al final de la tarde, cuando pensábamos que ya teníamos todos los acuerdos listos, los dirigentes indicaron que no podían levantar el paro y nos pidieron tiempo para consultar. Pero el ultimátum de 72 horas que dieron vencía a la medianoche, por lo que tuvimos que tomar todas la precauciones”, sostuvo en diálogo con el programa dominical “Sin medias tintas”. Diálogo todavía está abierto

Pese a la declaratoria de estado de emergencia, el primer ministro señaló que el diálogo todavía está abierto y le pidió a los dirigentes consultar a sus pueblos durante este lunes para que en 48 horas puedan firmar el acta que consensuaron ambas partes el domingo, a fin de ponerle una solución definitiva al paro contra Conga. “Tenemos la esperanza y el optimismo de que en las próximas horas estos líderes pueden consultar con sus bases y puedan indicarnos que están listos a firmar el acuerdo que va a favorecer a Cajamarca, a la actividad minera, a la actividad hídrica de toda la región. Estamos esperando que este resultado se dé en las próximas 48 horas”, añadió. Y es que, según informó el corresponsal de El Comercio en la zona, Wilfredo Sandoval, dirigentes que estuvieron presentes en la reunión pidieron un plazo de 24 horas para poder consultar con los campesinos apostados en las lagunas, pero este les fue negado. Para concluir, señaló que si la mayoría de dirigentes está de acuerdo con firmar el acta, el gobierno respaldará esta decisión y dejará de lado a los sectores ultra que se oponen. Tras la declaratoria de estado de emergencia de cuatro provincias de Cajamarca por 60 días, los dirigentes sociales y autoridades regionales acordaron suspender por el mismo período todo tipo de movilización en contra del proyecto minero Conga. En un pronunciamiento ante los pobladores de Cajamarca, el presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra, les pidió calma a todos los manifestantes “para evitar derramamiento innecesarios de sangre” y que regresen a la normalidad en todas y cada una de las provincias de la región. “Regresemos a la normalidad en todas y cada una de las actividades en Cajamarca y en todas y cada una de las provincias de nuestra región para no caer en el juego de los que hoy todavía se mantienen en el gobierno y quieren solucionar los problemas de nuestro pueblo a bala y a sangre”, afirmó en tono desafiante. Saavedra añadió que los dirigentes han acordado suspender las movilizaciones en los próximos 60 días. Luego de este tiempo, realizarán una gran marcha a favor del agua. Por su parte, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, recomendó a la población no caer en la provocación y que a partir de las 7 a.m. de hoy embanderen las viviendas y protesten con cualquier objeto desde las puertas de sus domicilios.