Faltan 18 días para que el presidente electo Ollanta Humala asuma el poder este 28 de julio y valgan verdades, las cosas no serán nada fáciles en los próximos cinco años ya que el reto que tiene es muy grande.
El Perú tiene una sociedad profundamente fragmentada. Durante esta última contienda política el país llegó a una polarización nunca antes vista. Por eso Humala tiene el imperativo ético de reconciliar a todos los peruanos, al margen de su condición política, teniendo en cuenta que casi la mitad de los votantes no comparten sus propuestas. Es lamentable la cantidad de intolerancia, racismo e insultos proferidos en las redes sociales. Humala debe tender puentes con todos los partidos políticos y agrupaciones sociales para llegar a consensos en beneficio de todos.
Otro aspecto relevante es resolver cualquier tipo de incertidumbre en el plano económico. Para eso, debe informar quién será su ministro de Economía, el jefe de su gabinete y del Banco Central de Reserva. Los días previos a la elección, Humala habló de una redistribución de la riqueza que permita una mejora sustantiva en los más pobres. A ello se añade la ejecución de algunos programas sociales. Es positivo que la economía tenga un hondo sentido social, situación que no logró Toledo en su momento, pero se debe aclarar de qué forma se financiarán esas iniciativas dirigidas a los más pobres. Humala debe garantizar que se respetarán los tratados de libre comercio firmados con varios países y que se mantendrá una disciplina fiscal coherente.
Si bien la propuesta inicial de Gana Perú de modificar el modelo económico fue cambiada hasta en tres oportunidades, hasta la fecha, y ya con los resultados electorales conocidos, todavía existen ciertos temores dentro del empresariado nacional. De ahí, como dice, Juan José Marhans, economista y ex supervisor de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) la importancia de definir cuando antes al equipo económico que tendrá la responsabilidad de llevar las riendas del país para generar un clima de confianza que permita a los inversionistas estar tranquilos. En tanto, para Gonzalo Guerra, director de la revista Semana Económica, el nuevo presidente no debe cambiar nada en materia económica. Considera que el Banco Central de Reserva debería mantener su independencia e incluso poder renovarle la confianza a alguien como Julio Velarde, actual presidente del BCR. “Se debe generar un clima de tranquilidad, dado que nuestro país tiene reservas considerables que podría ser una tentación para cualquier gobierno populista”, sostiene el especialista. En tanto señaló que se tiene que mantener la apertura de los mercados y las condiciones tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, advirtió que de no hacerlo sería una pésima señal.
Los simpatizantes de Humala, si bien es cierto que mostraron su alegría por los resultados obtenidos en esta elección, precisaron que debe cumplir las promesas hechas durante la campaña. Por eso, Humala está sometido a una presión social muy fuerte por satisfacer las demandas de la población y por otro lado, a la obligación de asumir un manejo responsable de la economía que respete la libertad de empresa, así como la inversión privada y extranjera.
“No hay país que haya superado la pobreza sin afianzar el crecimiento”, manifiesta Gonzalo Zegarra, economista de la PUCP, respecto a las políticas de lucha contra la pobreza que debería desplegar el próximo jefe de Estado. “Si tu no privilegias el crecimiento económico, lo único que vas a ser es redistribuir es pobreza”, añade. Teniendo en claro esto, Zegarra considera que los programas sociales que mejor desempeño han tenido son los de ayuda condicionada como “Juntos”. “Eso ha funcionado razonablemente bien y es lo único que le permite al Estado ver resultados concretos a corto plazo, a diferencia de los programas como el “Vaso de Leche”, que está probado que no llega al beneficiario directo”, sostiene el economista. Zegarra también señala que el detalle descansa en los programas condicionados a un mediano y largo plazo. “El nuevo presidente tiene que proyectarse hacia el futuro, no se va a resolver el problema de la noche a la mañana sosteniendo programas asistenciales que lo único que hacen es apaciguar momentáneamente el problema, mas no solucionarlo, si seguimos con estas política siempre vamos a tener el mismo problema”, refiere Zegarra.
“Sin trabajo no hay progreso”, afirma Juan Carlos Vargas, abogado laboralista. Según el especialista, el tema laboral del país es una de las principales tareas que este gobierno debe enfrentar. “No es posible que aún en pleno siglo XXI existan muchas personas, principalmente jóvenes, sin ningún derecho a las vacaciones, horas extras, CTS, etc.” “No todo es aumento de sueldo, se requiere recuperar la dignidad y el respeto al trabajador, al ciudadano”. De acuerdo con Vargas, el candidato de Gana Perú es la esperanza de que los abusos cesen y que detrás de los trabajadores exista un Estado que prestará oídos a sus justos reclamos.
Para Cesar Ortiz Anderson, especialista en temas de seguridad, el próximo gobierno deberá articular bien las instituciones ya que ellas son el eje principal para afrontar este problema, esto quiere decir que la Policía, el Ministerio público y el Sistema Penitenciario deben tener claro lo que tienen que hacer ya que basta que una institución no esté trabajando correctamente para que las demás queden debilitadas, como paso en los últimos años.
Por otra parte, si esto no ocurre seguiríamos con el mismo problema que tenemos en la actualidad, “El plan que existe ahora es solo para salir en la foto, es por eso que la delincuencia está avanzando considerablemente, si esto no lo detenemos la ciudadanía soportará una aguda crisis de seguridad”, manifiesta el experto.
En cambio, para el ex ministro del Interior, Remigio Hernani, el Ejecutivo debe tener la voluntad política para asumir la lucha contra la delincuencia. Para ello Tiene que dotar de los recursos y mejorar las condiciones de la policía, pero también darle un carácter vinculante a las decisiones que se tornan en el Consejo Nacional de Seguridad, hoy ocupado por funcionarios de rango inferior de las instituciones que lo integran.
Una de las grandes debilidades del Estado peruano son sus instituciones. Ese debe ser un tema impostergable a resolver. Fortalecer las instituciones públicas de modo que el ciudadano se sienta representado por cada una de ellas, sobre todo el poder judicial, para que actúe de forma imparcial sin someterse a intereses de cualquier tipo.
Según el analista Martín Tanaka, cuando se habla de reforma del Estado, la discusión se centra en la reforma administrativa y en la mejora de los procedimientos burocráticos. Pero si nos referimos del fortalecimiento institucional y los desafíos en la coexistencia de los niveles de gobiernos nacional, regional y local, ahí, dice, hay mucho pan que rebanar. “Uno de los primeros pasos en pos de una auténtica reforma del Estado va hacer una revisión integral del proceso de descentralización en nuestro país”. “Hay competencias que se sobreponen. Antes teníamos un Consejo Nacional de Descentralización, luego la Coordinadora de Gobiernos Regionales. Eso se tiene que recuperar”, sostiene. Según Tanaka, el Estado tiene que asegurar a todos los peruanos el acceso a los servicios que ofrece. Eso va más allá de la lucha contra la pobreza y de la sola cuestión administrativa”, dice.
Si bien este tema no ha sido tratado con mucho énfasis en la campaña, no es motivo para no haber anunciado cambios sustantivos en esta rama. Así nos lo indica el educador Jorge Gonzales, quien hace hincapié que en el Perú no se ha dado hasta la fecha cambios significativos es este campo como en los demás países latinoamericanos, de ahí que estemos condenados por muchos años más a seguir penúltimo en esta materia dentro de la Región. “Ollanta Humala debe, desde ya, diseñar una profunda reforma que garantice una educación de calidad para todos los peruanos, no basta tener buena infraestructura si en el fondo la currícula no ha evolucionado en años, no se han incluido materias que en países desarrollados hay desde hace décadas, esa es una de sus principales tareas a desarrollar en este próximo gobierno”, acota el especialista.
Por su parte, la psicóloga con doctorado en educación, Cecilia Silva, señala que se requiere al margen de construir más escuelas y actualizar la currícula escolar, aumentar los sueldos de los profesores no en función a un examen ya que muchas veces las pruebas no califican a un maestro, sino por la meritocracia.
La alianza informal de Gana Perú, la agrupación política del presidente electo peruano, Ollanta Humala, con Perú Posible (PP) el partido del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), ha tranquilizado en cierta medida a los inversionistas y a los grupos empresariales, que ya no esperan medidas radicales que pongan en peligro los fundamentos básicos del modelo económico, que ha permitido un crecimiento medio del 6% desde 2003.
Sin embargo, Humala sabe que la cuestión fundamental de la que depende el éxito de su gobierno es su capacidad para satisfacer las demandas del Perú rural, que fue determinante para llevarlo al poder. Si Humala da una imagen excesivamente moderada o empeñada en mantener el statu quo, la conflictividad social podría desbordarlo. Según un reciente informe de la oficina del Defensor del Pueblo, Humala heredará 227 conflictos sociales cuando asuma el poder el próximo 28 de julio, la mayor parte de ellos vinculados con la minería, el principal motor del crecimiento económico del país.
Los minerales representan el 60% de las exportaciones. En los primeros cuatro meses de este año, las inversiones en minería aumentaron un 52% en relación al mismo periodo del año pasado, hasta los 1.570 millones de dólares. Las compañías mineras ya dan por hecho que pagarán más impuestos debido a la aplicación de un “windfall tax” (impuesto a las “sobreganancias”), pero algunos de sus directivos ya han declarado a la prensa que podrían aumentar sus inversiones si Humala consigue reducir las protestas locales contra los proyectos mineros.
Tras las últimas disturbios en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, que provocaron la muerte de cinco personas, el gobierno central aprobó dos resoluciones y tres decretos que restringen la actividad minera en Puno, tal como habían demandado los manifestantes.
Humala necesita por ello realizar un delicado equilibrio entre políticas moderadas para obtener el apoyo parlamentario del PP y asegurarse así una mayoría en el Congreso, y políticas que satisfagan las demandas de sus bases. Gana Perú tiene 47 escaños mientras que PP cuenta con 21, lo que representaría, en conjunto, 52% del total. Sin mayoría legislativa, Humala tendría que gobernar por decreto, como hizo Alan García gran parte del tiempo entre 2001 y 2006.
Sinesio López, profesor de Sociología de la Universidad de San Marco y asesor de Humala, ha dicho que la victoria de Gana Perú abre la oportunidad de construir “un Estado para todos”. Son palabras que subrayan los objetivos que se verá obligado a cumplir su gobierno para no decepcionar las altas expectativas que ha generado entre sus votantes.
Económicamente, la victoria de Humala es fácil de explicar. Los electores rechazaron la idea de que el desarrollo equivale a crecimiento económico.
En las pasadas elecciones, Toledo quedó en cuarto lugar y García ni siquiera se atrevió a promover un candidato de su partido y, al final, apoyó a Pedro Pablo Kuczsinsky, el más declarado neoliberal de los candidatos en liza. La renuncia de su partido, el APRA, a su propia historia y a sus convicciones socialdemócratas se convirtió en un suicidio político: pasó de 30 a 4 escaños en el Congreso.
Durante su mandato, el crecimiento se basó en la exportación de materias primas, con escasa diversificación, salarios congelados, empleo precarizado y 60% de los trabajadores en la informalidad.
El conjunto del gasto público en educación, salud y programas sociales suman el 8% del PIB, mientras que el promedio de América Latina es 12%. En Chile es el 19% y en Brasil el 26%.
Un reciente informe de Oxfam (Informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo 2008-2009) destacó que si los gobiernos peruanos quisieran eliminar la pobreza sólo con el crecimiento económico por la vía del “derrame” o “chorreo” (trickle-down) se necesitarían más de 80 años de aumento del PIB por encima de los 5 puntos para alcanzar ese objetivo.
La distribución de la riqueza creada difícilmente pudo ser más desigual. En los últimos años, las empresas lograron beneficios superiores a las de las 500 empresas más rentables del índice Standard & Poor’s, mientras los sueldos cayeron en tres puntos porcentuales en términos reales en esa época de bonanza.
Inevitablemente, el crecimiento sin distribución genera tensiones sociales. Según estimaciones del diario económico Gestión, a pesar de las altas tasas de crecimiento de los últimos 10 años, sólo dos de cada 100 familias tienen ingresos superiores a los 3.000 soles, es decir, unos 1.000 dólares mensuales. Si bien el número se ha duplicado desde 2004, la elevada concentración del ingreso es inocultable.
A escala nacional, hubo un avance importante (152,5% entre 2004 y 2009) en el número de familias que perciben un ingreso medio mensual superior a los 300 dólares, con lo cual la participación de ese sector en el total pasó del 7 al 14%. Pero mientras en Lima metropolitana se redujo el número de hogares pobres a 302.000 familias en 2009, en las zonas rurales superan los 1,2 millones.
Un 98% de las familias con ingresos superiores a los 1.000 dólares mensuales se concentra en el sector urbano, particularmente en Lima (73%). En 2004, el ratio de diferencia de ingresos entre el 10% más alto de la pirámide social y el 10% más bajo era 24 veces. En 2009 siguió siendo 24 veces.
Un 23,2% de los hogares peruanos no tiene acceso a agua potable, una cifra que llega al 60,5% en las áreas rurales, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El reciente informe “Condiciones de vida” del INE muestra que un 11,2% de los hogares peruanos carece de electricidad y que esa tasa llega al 38,8% en áreas rurales. El 67% de los hogares tiene acceso a un sistema de alcantarillado: 84,4% en áreas urbanas y sólo 47,2% en áreas rurales.
Por todo ello, no es extraño que Gana Perú obtuviera una sólida victoria en 17 de los 26 departamentos del país, sobre todo en los de mayor impronta demográfica y cultural indígena, donde se concentra la riqueza minera del país, pero donde menos se ha notado los frutos del crecimiento: Puno (77,6%), Cuzco (75,4%), Ayacucho (73%), Tacna (72,2%), Huancavelica (72,4%), Apurímac (67%), Madre de Dios (66,8), Arequipa (65%), Moquegua (64,1%), Huánuco (63%) o Amazonas (61,8%). Mientras, Keiko Fujimori ganó en Lima y Lima provincia con el 55,8% de los votos, seguidas por las de Callao (56,3%), y otros departamentos de la costa como Libertad (54,4%), Tumbes (53,4%), Piura (53%) o Lambayeque (51,9%).
Los sectores privilegiados simplemente vivían en un mundo de espejismos y mitos autocomplacientes. Un estudio de un ex economista-jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann, encontró una relación directa entre desempeño económico y resultados electorales en varios países de América Latina: cuando los términos de intercambio favorecen a los Estados que exportan recursos primarios (particularmente extractivos, es decir, minería, petróleo o gas), el votante medio prefiere opciones políticas “nacionalistas” (es decir, intervencionistas).
En cambio, cuando la economía entra en recesión, el votante medio prefiere políticas de estabilización. Cuando la economía crece debido a la exportación de recursos extractivos, el votante medio espera que el Estado (que a fin de cuentas es el dueño del recurso) intervenga para redistribuir los frutos de la bonanza. El Perú es un caso prototípico de ese cuadro al estar entre los cinco primeros productores mundiales de oro, plata y cobre.
De hecho, una de las propuestas centrales de Humala fue establecer un impuesto a las “sobreganancias” mineras producto de los altos precios internacionales. Se podrá discutir las bondades de la propuesta, pero no sostener que se trata de una propuesta radical: un windfall tax es una cláusula de contingencia que regula las regalías con base en la cotización internacional del recurso. Al final, hasta K. Fujimori prometió adoptar esa medida.
El aumento de la carga tributaria se basa en un principio elemental: a más ganancias, mayor tributación. En los últimos años, desde Venezuela a Reino Unido han aumentado los impuestos al sector extractivo o renegociado contratos de hidrocarburos y minería a medida que subían los precios de los minerales, el gas y el petróleo. En Chile, las propias empresas del sector aceptaron compartir esas sobreganancias con el Estado tras ser requeridos a hacerlo por el presidente Sebastián Piñera para financiar la reconstrucción posterior al terremoto de 2010. Y ello a pesar de que Chile ya aplica un impuesto del 35% a las mineras, mucho más alto que la tasa media peruana.
Las actividades extractivas (hidrocarburos y minería) tienen muchos problemas para ser aceptadas por losadnos ecológicos que provocan los escasos puestos de trabajo que generan y a que el gobierno central solo traspasa a los gobiernos locales, según la ley del canon minero, el 30% de los impuestos y regalías que pagan al Estado. Las explotaciones de Cerro Quilish (Cajamarca), Tambo grande (Piura), luego en Majaz y Tía María (Arequipa) han sido objeto de movilizaciones sociales de protesta. El mayor rechazo se produjo en Bagua en 2008, cuando la protesta de pueblos amazónicos a un proyecto petrolero en el que participaba Repsol provocó la muerte de 33 personas, 26 de ellas policías.
Sin una mayor equidad en el reparto de los beneficios y un mayor vigilancia del Estado de las regulaciones medioambientales, esos conflictos amenazan con hacerse endémicos. La preocupación de las comunidades no es el dinero, sino sus condiciones de vida, que dependen del agua para los cultivos agrícolas y que la minería extractiva usa y contamina en grandes cantidades. En Puno, por ejemplo, las concesiones mineras han pasado de 433.321 a 1.643.746 hectáreas entre 2002 y 2009, un aumento de 279%.
Según el informe de la oficina del Defensor del Pueblo, Puno es la segunda región con el mayor número de conflictos sociales (21) después de Ancash (27) y por delante de Lima (19) y Cajamarca (17). El defensor del Pueblo, Rolando Luque, ha advertido que los 50.000 millones de dólares en inversiones programadas para los próximos 10 años podrían provocar aún más conflictos.
Humala ha prometido aprobar la llamada “ley de consulta” y según la cual el Estado estará obligado a consultar a las comunidades indígenas sobre cuestiones relacionadas con sus territorios ancestrales y los proyectos petrolíferos y de minería que se lleven a cabo en ellos. El Perú es signatario de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos indígenas, pero García se ha rehusado a promulgar esa ley, aprobada por el Congreso en mayo de 2010.
En términos de la reforma tributaria, que constituye en buena medida el centro de la discusión, el equipo económico de Humala ha dejado en claro que no habrá aumento de tasas, a excepción de las aplicadas a la explotación de recursos naturales. La expansión de la base tributaria y la recaudación se alcanzarán con la lucha contra la evasión. Propuestas como el llamado “Plan 65” para crear pensiones no contributivas, se financiarán a partir de esos ingresos.
Diferentes estudios destacan el impacto positivo en el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) de las pensiones sociales. Sin embargo, en el Perú el proyecto Pensión 65 mereció durísimos ataques por su supuesto carácter “no financiable”. En Chile y Argentina las llamadas pensiones sociales en 2009 absorbieron el 0,67 y el 0,71% del PIB, respectivamente. En el Perú, su aplicación podría alcanzar en el primer año (2012) el 0,38%.
El índice de la Bolsa de Lima cayó un 20% el día siguiente de la segunda vuelta del 5de junio. Tiene cierta lógica: en su discurso de victoria, Humala prometió acabar con los llamados “services” y contratos temporales sin goce efectivo de vacaciones y sin derechos sociales. Hoy hay más de ocho regímenes de contratación laboral temporal y abarcan a la mayoría de los trabajadores formales (el 40% del total).
Si Humala cumple sus promesas, los márgenes de beneficio de las empresas se van a reducir porque tendrán que aceptar mayores exigencias de protección laboral. El “milagro económico” tiene a 72 de cada 100 peruanos en edad de trabajar en la informalidad, fuera de plantilla, sin seguridad social, derechos pensionarios o vacaciones.
Caídas similares de la bolsa ocurrieron en 2002 en Brasil cuando Lula ganó las elecciones. Ocho años después, entregó el poder con 80% de popularidad y las mejores cifras macroeconómicas de la historia brasileña. En contraste con la histeria bursátil limeña, Patrick Esteruelas, analista de Moody’s Investors Service, declaró que el grado de inversión que posee el Perú no está en riesgo por la victoria de Humala.“Los fundamentos crediticios son increíblemente fuertes, lo cual deja un amplio margen de manipulación para aplicar posibles mejoras si las cosas permanecen como están” comentó a Bloomberg.
JP Morgan comentó en un informe post-electoral que debido a sus programas para reducir la pobreza, Humala “no puede permitirse el riesgo de que el crecimiento se frene”. En Brasil, desde que Lula fue elegido en 2002, las acciones brasileñas han superado en un 700% el índice All World-FTSE. “Se puede hacer mucho dinero aprovechando los errores de juicio sobre los populismos latinoamericanos de los inversores”, ha señalado la influyente columna Lex del Financial Times.
Humala tiene la oportunidad de convertirse en un gobierno de centro izquierda moderada que continúe las políticas económicas exitosas y cambie aquellas que merezcan una reforma sin poner en riesgo la estabilidad y el crecimiento que tanto esfuerzo le ha costado al Perú.
Para ello deberá plasmar un equipo de técnicos independientes que transformen la gestión pública para mejorar la calidad del servicio al ciudadano, quien muchas veces no se siente representado por el Estado.
Los peruanos sensatos estamos llamados a ser fiel a nuestros principios cívicos y ser celosos vigilantes de la democracia. Por eso, debemos formar parte de una oposición constructiva que no solo emita propuestas desde las distintas instancias de la sociedad civil, sino también exigir que se respete la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, el desarrollo económico y la actual constitución.
